El otro día, la gente de Hipersónica me pidió una opinión sobre la SGAE. En un hueco en estos días de jornada intensiva (de intensidad, no de horario recortado) escribí el texto que han publicado hoy.
Como parte del debate se ha trasladado a twitter, donde es difícil discutir algo más que eslóganes y textos para pancartas, lo copio aquí por si a alguien le apetece profundizar en el tema o rebatir algún argumento en el que me haya equivocado.



Joan Vich es músico (actualmente en Single y Jonston), co-director de la discográfica Primeros Pasitos y promotor musical, con un roster que cuenta a músicos y grupos como Howe Gelb, Mark Eitzel, Cohete, Robyn Hitchcock o Herman Dune, entre otros. También es periodista (Público, El Mundo-Baleares, IB3 Ràdio) y trabaja en el FIB desde 1995.


Me llamo Joan y soy socio afiliado a SGAE desde el año 1993, creo.

Soy uno de esos 88.000 socios sin ningún derecho, sin voz ni voto, que sólo servimos para justificar el volumen de supuesto apoyo de “los creadores” que tiene la empresa para actuar como lobby en las altas instancias (algo parecido a lo que hace la iglesia católica con los bautizados, aunque luego no practiquen ni crean en nada).

En su momento, me hice socio de SGAE porque era imprescindible para poder cobrar los derechos que generaban las canciones en las que participé como autor ese año, los anteriores y los inmediatamente posteriores. El detalle es importante: era imprescindible. La discográfica estaba obligada a pagar los derechos fonomecánicos a SGAE (bajo amenaza de multas considerables), y a su vez, para recuperar algo de ese gasto, hacía que sus grupos registrasen las canciones para poder reclamar esos derechos editoriales.

Es un hecho que en España, si haces música popular, estás obligado a ser socio de SGAE. Claro que puedes renunciar a ello y luchar por otra manera de hacer las cosas, pero hay algo que hasta hoy nadie ha solucionado: seas o no seas socio, la SGAE va a recaudar en tu nombre, va a cobrar por ti, con el respaldo del Gobierno y de la Policía. Y ya que cobran en tu nombre, por lo menos siendo socio puedes reclamar que te paguen lo que han cobrado por ti. Para eso, tienes que ser socio.

Muchas veces, esa función de cobrar por ti es incluso contra tu voluntad (¿lo primero, el autor? ¡Ja!): si tocas en el bar de un amigo, o en un local que sabes que lo pasa mal pero, a pesar de todo, sigue programando conciertos, no puedes renunciar a tu derecho para no perjudicarles. La SGAE intentará recaudar igualmente, insensible e implacable. El romanticismo no existe para ellos.

Y, como no eres un autor que genera mucho dinero (en la SGAE sólo funciona el “tanto tienes, tanto vales”), no tienes derecho a cambiar nada de ese funcionamiento perverso de la empresa: no puedes votar, no eres nadie y no pintas nada para los pocos cientos que finalmente deciden, hacen y deshacen. Entre ellos, tienen mucho peso los editores: ¿dónde se ha visto que patronos y empleados luchen por los mismos derechos? ¿Cómo puede ser que una veintena de editores, cuyos intereses son naturalmente contrapuestos o por lo menos parasitarios de los intereses de los autores, tengan más voz y más voto que esos mismos autores a los que se dice representar?

Los casos de surrealismo recaudatorio se cuentan por miles. Yo he vivido en carne propia muchos de ellos: amenazas más o menos veladas, reclamaciones desorbitadas, coacciones, continuo desprecio a la presunción de inocencia, desplazamiento de la carga de la prueba a la parte acusada…

La SGAE, en su forma actual y desde la presidencia eterna de Teddy Bautista, que es la que he conocido, es un monstruo que pedía a gritos una intervención gubernamental. Ha tenido que ser el poder judicial el que ponga cartas en el asunto, porque los distintos ministerios de cultura de las últimas décadas (y no miro sólo a Ángeles González-Sinde, sino a César Antonio Molina, Carmen Calvo, Mariano Rajoy, Esperanza Aguirre, Carmen Alborch…) han tutelado, permitido y apoyado este estado pervertido de las cosas.

Pero, ojo, lo anterior es una crítica constructiva y desde dentro. Insisto: sigo siendo socio, no he renunciado a mis derechos.

Estoy completamente en desacuerdo con esos iluminados que exigen la desaparición de la SGAE y la abolición de los derechos de autor: sigo siendo socio de SGAE porque creo que es importante que se respeten los derechos de autor y que quienes hacen dinero con la música de otros paguen por ello lo que es justo. Creo en el derecho moral y económico del autor, y creo que tiene que haber un organismo que lo gestione y se encargue de facilitar las vías para reclamar esos derechos y que nadie se aproveche de la parte débil. Lo que me parece fatal es que se haga como se ha venido haciendo: de manera agresiva, irregular, autoritaria, insensible, amenazante y, lo que es peor, despectiva hacia el 90% de los autores para quienes supuestamente se está trabajando.

Por eso, me alegra mucho que por fin se empiece a tirar de la manta para destapar el entramado de una junta directiva que ha despilfarrado dinero (dejemos a un lado las ilegalidades, que decidirá el juez en su caso) en proyectos carísimos e incomprensibles para la base de autores como la red de teatros Arteria, las lujosas sedes de SGAE en todas las capitales o los portales de venta por internet, desatendiendo por el camino las necesidades y las quejas de la gran mayoría de sus socios y, más allá, de la inmensa mayoría de la ciudadanía. Así, no.

Quiero una SGAE limpia, transparente, justa y democrática, que apoye a los autores sin criminalizar al público, que respete las divergencias y que escuche la voz de la calle. Y quiero un Gobierno que controle ese funcionamiento sin dejar un cheque en blanco a una camarilla que cambia los estatutos para perpetuarse en el poder.

Parafraseando el ilusionante lema del 15M: quiero una SGAE real, ya.